La reforma constitucional del 11 de junio de 2011 obligó a todas las autoridades del país a respetar y reconocer los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México, y estableció que los jueces tienen la obligación de aplicar un principio de interpretación de normas jurídicas conocido como pro persona o pro homine.
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