El 21 de febrero, casi al borde de dejar a un lado el tacto diplomático propio de su misión como coadyuvante en el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció una serie de obstáculos, filtraciones ilegales y desvíos de información gubernamentales que “ponen en riesgo” el acceso a la verdad en torno a las seis ejecuciones sumarias y la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014.
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