La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) tiene identificados grupos de “golpeadores” que con apoyo de abogados, personal de empresas y hasta de la misma junta se dedican a extorsionar empresas mediante la presentación de demandas de titularidad del contrato colectivo de trabajo o emplazamientos a huelga, a cambio de cantidades que van de 50 mil a 3 millones de pesos.
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