El primero de diciembre de 2012 fuimos testigos de uno de los momentos más evidentes en cuanto a retrocesos en materia del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Cientos de personas vieron afectados sus derechos en el antes DF por la represión que padecieron de agrupaciones policiacas federales y locales. Era el inicio de una serie de fechas relacionadas con hechos de criminalización, que a lo largo de tres años hemos padecido y denunciado no sólo en la Ciudad de México, sino en diversos estados de la República. Para el caso de la primera, ya desde diciembre de 2012 y echando mano del esfuerzo de diversas organizaciones y colectividades que denunciaron esos hechos represivos y exigieron la inmediata liberación de las personas aprehendidas injustamente, pedimos que se derogara el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal (La Jornada, 21/12/12), ya que con justa razón argumentamos que se trataba de un delito que por su redacción y contenido se prestaba al uso discrecional de agentes del Estado, para procesar a personas que se manifiestan en el espacio público.

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