Con el avance del plazo constitucional para definir la situación jurídica de Nestora Salgado, más de un centenar de organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil –nacionales e internacionales– exigieron al Poder Judicial actuar conforme a la ley, tomando en cuenta las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso cometidos contra la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, desde su aprehensión y encarcelamiento.

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