Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en nueve entidades del país (Aguascalientes, Colima, estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Nuevo León y Tabasco), la procuradora general de la República, Arely Gómez González, aseveró que si bien representa “enormes beneficios”, lo cierto es que también “involucra retos en el ámbito institucional” para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.
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